No es verdad por: Juan G. Bedoya

Solo desde una ignorancia irresponsable puede afirmarse que en España se practica hoy un “laicismo agresivo”, o que existe una clerofobia tan radical como la que se desató en la Segunda República, entre 1931 y 1936, y en los primeros meses de la guerra incivil provocada por un golpe militar apoyado por la jerarquía católica. ¿Quién informa al Papa? Lo dicho ayer por Benedicto XVI antes de poner pie en tierra española es una impertinencia impropia de un hombre sabio. También es diplomacia hostil frente a un Estado que sigue tratando a cuerpo de rey a la Iglesia romana en España, pese a proclamarse aconfesional y laico en la Constitución de 1978.

El Papa revive el fantasma del anticlericalismo No es posible achacar la declaración de Benedicto XVI a un desliz. El Papa lanzó esa execración en un encuentro que ya es protocolario en los viajes del Pontífice romano, cuando se reúne con los periodistas que vienen en el mismo avión para responder a preguntas pactadas.

Se supone, por tanto, que Benedicto XVI cree que, efectivamente, los actuales gobernantes son unos comecuras, como suele decir la extrema derecha, y que España vive sumida en el clericalismo desordenado que en el pasado asesinó a clérigos y quemó Iglesias (enfrente, otros españoles, igualmente criminales, ejercían la misma violencia en nombre de una belicosa Iglesia que se decía perseguida).

La realidad es hoy tan clamorosamente distinta que hasta el Papa debe saberlo. Pocos Gobiernos han tratado mejor que éste a la Iglesia romana, desde la muerte de Franco y la cancelación del repugnante nacionalcatolicismo que sirvió de sostén durante décadas al brutal dictador. La España del siglo XXI no ha cancelado ni uno solo de los privilegios eclesiásticos, entre otros una situación de paraíso fiscal absoluto, con la excepción del IVA.

Peor: solo el Gobierno Zapatero ha cedido a una demanda episcopal desoída por los presidentes que le precedieron, fuesen de derechas, de centro o de la izquierda. Después de años de fracaso del mal llamado impuesto religioso (la idea de que cada religión se financie con donaciones de los fieles), el Ejecutivo socialista elevó en 2007 a definitivo el generoso sistema de financiación pública a la Iglesia católica, e incluso incrementó un 34% la cuota del IRPF que Hacienda entrega a los obispos por las declaraciones de los fieles que lo deseen.

El resumen es confesional: el Estado financia actividades católicas con no menos de 6.000 millones de euros cada año (colegios, clases de religión, capellanías, reconstrucción de templos, salarios de obispos…). ¿Es eso laicismo agresivo, o anticlericalismo amenazador? Haría bien el Papa si pregunta a sus pastores por qué el pueblo no les hace caso, salvo una minoría, y sobre las causas de la creciente descristianización.