La impunidad generalizada de la muerte de los migrantes por: Ana González Páramo

El reciente informe sobre muerte ilegal de refugiados y migrantes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU critica los abusos y peligros a los que son sometidas las personas migrantes en el mundo debido a la militarización y externalización de fronteras de los países desarrollados, entre ellos, España. 
Diez millones de apátridas vagan o malviven por el mundo sin nacionalidad, sin derechos y sin libertades básicas. Otros 65 millones de personas en todo el mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares, entre ellos más de 22 millones de refugiados, casi la mitad de la población española. Cerca de 244 millones de migrantes se buscan la vida en otros países o se la juegan en un viaje vital, a menudo enfrentándose a condiciones inhumanas, detenciones ilegales, agresiones sexuales, violencia, esclavitud, secuestros. Un viaje que a veces resulta ser el último.
Son cifras de 2016 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Todos juntos constituirían el tercer país con más población del planeta, el país de los excluidos. El reciente informe sobre muerte ilegal de refugiados y migrantes de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard es una llamada de atención a la razón y a la conciencia. Describe con espeluznante minuciosidad el régimen de impunidad casi generalizado en torno a la muerte y desaparición de los migrantes y refugiados a nivel global, así como la tolerancia y aceptación social hacia tanta tragedia.
“El derecho universal a la vida está limitado por la nacionalidad, limitado por fronteras y visados”
Este informe, sin apenas trascendencia en los medios, arroja algo de luz sobre las muertes masivas de refugiados y migrantes. Lo hace desde el enfoque del colapso del sistema internacional de derechos humanos y de una crisis humanitaria global que desembocan en un verdadero crimen internacional, que, por su banalización y la falta de datos unificados y fiables, lleva a la impunidad total de sus perpetradores. Y quizás lo peor, un crimen que se perpetra con la tolerancia y avenencia casi generalizadas de las sociedades, opulentas o no, y la inacción por parte de instituciones regionales, nacionales o internacionales.
Como dice Callamard, “parece que el derecho universal a la vida está limitado por la nacionalidad, limitado por fronteras y visados y, en última instancia, determinado por la aleatoriedad del lugar de nacimiento”.
En la Declaración de Nueva York de 2016 para los Refugiados y Migrantes (resolución 71/1), los líderes mundiales se comprometieron a proteger los derechos humanos de todos refugiados y migrantes, independientemente de su estatus. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de negociaciones intergubernamentales con el fin de elaborar dos pactos mundiales, el Pacto mundial sobre refugiados y el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular que deberían culminar en una conferencia intergubernanmental sobre migración internacional en 2018 que adoptaría ambos textos.
Según el informe de Callamard que aporta ideas a este proceso, miles de migrantes y refugiados mueren o son asesinados cada año. El gran reto es cuantificar cuántos, ya que muchos de ellos desaparecen, engullidos en las aguas o en las arenas del desierto, no sólo en el Mediterráneo, sino en África, Centroamérica, el Golfo de Aden, la Bahía de Bengala,etc. Los datos son escasos e incompletos, las identidades de los muertos apenas se verifican, ni siquiera su género.