La Iglesia católica ha mostrado su preocupación por el contenido de la futura ley de igualdad de trato, a la cual ya empiezan a bombardear antes de que salga a la luz. Teme que pueda dañar sus finanzas privilegiadas, por lo que el obispo Camino se apresura a recordar el cumplimiento de los acuerdos de 1979.
Con la crisis se levantan muchas voces para que cada palo aguante su vela y le vendría muy bien al Estado para hacer frente a sus obligaciones con los ciudadanos y con el déficit público que la Iglesia se autofinanciase como también está acordado. Pues los ortodoxos, protestantes, mahometanos y demás personas con credos no católicos sostienen sus cultos y jerarquías de su propio bolsillo, lo que constituye un ejemplo de discriminación que los poderes públicos tienen la obligación de remover, ya que tienen que promover las condiciones para que “la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (artículo 9.2 de la Constitución). Así que el IRPF religioso se lo deberían repartir en proporción a sus creyentes. Y el exceso del adelanto anual que le regala el Estado, agrava aún más esta situación de privilegio de la Iglesia católica a costa de todos los contribuyentes, que el PP propuso en 1996 por cinco años y que ha hecho costumbre.
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