Laicidad liberticida por: Jesús Martínez Gordo

La laicidad en Francia -aprobada en 1905- ha sido comprendida y vivida, desde la finalización de la primera guerra mundial, como “de libertad”: de culto, de asociación, de enseñanza y, por supuesto, de opinión. Sin embargo, su vigesimocuarta revisión legislativa está siendo percibida por los responsables religiosos católicos, protestantes y ortodoxos como “liberticida” o, cuando menos, promotora “de la sospecha”. Es lo que han sostenido, de manera inusualmente crítica, hace unas pocas semanas, el presidente de los obispos franceses, Éric de Moulins-Beaufor, junto con François Clavairoly, presidente de la Federación protestante de Francia y Emmanuel Adamakis, Metropolitano del patriarcado ecuménico en Francia.
Curiosamente, es una crítica con la que sintonizan, entre otros, Pierre Ouzoulias, senador comunista. Para este político, la reforma -retomada en el Senado tras su aprobación en la Asamblea Nacional- atenta contra “la conquista más bella de la revolución francesa y de la ley de 1905”: la libertad de conciencia. Por eso, no es solo un atentado contra los ciudadanos de confesión católica, además de musulmana, sino también contra todos los franceses; y, con ellos, contra él mismo. Antes de esta crítica, se han podido escuchar otras parecidas en los debates parlamentarios habidos en la Asamblea nacional. Así, por ejemplo, para Jean Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI), se confunde el islam con el islamismo, estigmatizando a la población musulmana. Para el grupo socialista, es una “ley parlanchina” y “ayuna de coherencia”. Y, otro tanto, para los Republicanos (LR).
En el origen de esta nueva reforma se encuentra el asesinato y decapitación del profesor Samuel Paty (octubre de 2020) por mostrar a sus alumnos las caricaturas de Charlie Hebdo sobre Mahoma y el discurso del presidente Emmanuel Macron contra el “separatismo islamista”: “continuaremos en el combate por la libertad”. “Defenderemos la libertad que enseñabas tan bien y la laicidad. No renunciaremos a las caricaturas, a los dibujos, aunque otros reculen”. Desde entonces, han sido dos las iniciativas de fondo promovidas por el gobierno francés: urgir a las diferentes organizaciones musulmanas a adherirse a los valores republicanos (para atajar dicho “separatismo islamista”) mediante la firma de la correspondiente Carta, así como reformar, de nuevo, la ley de la laicidad.
Como es sabido, desde que se proclamara en el año 1905 que la república francesa “asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio del culto”, a la vez que “no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno…” se han dado dos aplicaciones e interpretaciones de dichos principios: una, catalogada como “beligerante”, “integral”, “estricta”, “exigente”, “normal” o “a la antigua” y “excluyente” y, otra, calificada como “positiva”, “moderna” o “cooperadora” e “incluyente”. La primera, marcadamente anticlerical, restrictiva y excluyente, fue la que se impuso hasta el final de la guerra mundial de 1914-1918. La segunda, ensayada a partir de ese momento, entiende que la responsabilidad del Estado consiste en garantizar la libertad de todos los ciudadanos, facilitar el diálogo y el acuerdo, cuidar la neutralidad y no intervenir (la no injerencia) en los asuntos internos de las diferentes religiones y cosmovisiones.
Sería esta última concepción y ejercicio de la laicidad la que estaría siendo gravemente comprometida. Lo evidenciaría la presión para que los franceses de las diferentes organizaciones de confesión musulmana se adhieran a la “Carta de los principios del Islam de Francia”; una iniciativa que, de momento, solo ha servido para separarlos y enfrentarlos más, entrando, por ello, en vía muerta. E, igualmente, lo evidenciaría la crítica de los representantes de los cristianos y de algunas fuerzas políticas (también de la izquierda) a las que me he referido más arriba: a la vez que se reforma la ley de 1905, se está modificando el espíritu “creativo”, “cordial” y “abierto” que ha imperado en las diferentes reformas aprobadas hasta el presente.
Sin embargo, es una crítica contundente que no impide que creyentes y políticos reconozcan la necesidad y urgencia de combatir los matrimonios forzosos, las mutilaciones sexuales, la apología del odio y todo tipo de discriminación. Pero que tampoco les incapacita para recordar que la ley de 1905 ya prevé límites, controles y penas. Es suficiente, recuerdan los representantes de las diferentes confesiones cristianas, con reformar tales límites, aplicar los controles oportunos y adaptar las penas al tiempo actual. Si se procediera a una reforma de este calado, concluyen, los poderes públicos tendrían los medios suficientes para reaccionar ante el odio, los movimientos subversivos y contra la injerencia de Estados extranjeros en nuestro país. Y lo podrían hacer sin controlar internamente las diferentes religiones, como así puede suceder a partir de esta reforma.
La respuesta gubernativa no se ha hecho esperar. Le ha correspondido al Ministro del Interior (encargado de las relaciones con los diferentes cultos): la reforma de la ley no es “liberticida”, sino necesaria en un país en el que la libertad de culto ha evolucionado muchísimo, en particular, con la aparición del culto musulmán. No queda más remedio que afrontar el “separatismo identitario” que se oculta en el islamismo que controla las mezquitas extremistas. Como contrapartida, ha señalado, las organizaciones musulmanas que se adhieran a la “Carta de valores de la República” tendrán acceso, entre otros beneficios, a deducciones fiscales o a inmuebles públicos de manera gratuita.
Pero tampoco se ha hecho esperar la réplica: con esta reforma se sigue instalando en el espacio común una policía del pensamiento. “La laicidad, inicialmente concebida como un régimen de protección de las libertades, queda transformada en instrumento de control de conductas y creencias religiosas, en nombre de los ‘valores’ que define el Estado” (Philippe Portier). Y, con ella, la imposición de lo que algunos sociólogos tipifican como religión civil; una cosmovisión que, por cierto, empieza a tener problemas, a diferencia de no hace mucho, para ser recepcionada por la mitad de los jóvenes: según un nuevo sondeo IFOP para Licra, el 52% de los estudiantes se declaran partidarios de que, quien lo desee, pueda llevar signos religiosos ostensibles en los centros de enseñanza públicos, es decir, el doble de la población adulta. Y, por su parte, el 80% de los alumnos de confesión musulmana denuncian que las leyes sobre la laicidad discriminan al islam. Todo un aviso para navegantes.
El debate queda abierto. También entre nosotros; y, en libertad, por supuesto.